Por acuerdo de la mayoría del pleno, el Ayuntamiento de Tonalá decidió rescindir el contrato de prestación del servicio de alumbrado público a la empresa Mexiled, vigente desde 2015.
Desde Octubre de 2018, con el inicio de la Administración actual, se suspendió el pago de poco más de 5 millones de pesos mensuales a Mexiled, que es el importe que cobra la CFE por el consumo de energía eléctrica en el municipio.
El contrato entre Mexiled y el Ayuntamiento establece que la empresa concesionaria se compromete a instalar 22 mil 300 lámparas de alumbrado público en 356 circuitos de 70 luminarias cada uno.
Además de instalar nuevas lámparas tipo led, la empresa se comprometió a darles mantenimiento y a pagar a la CFE el consumo durante la vigencia del contrato que es de 20 años.
Se calcula que la inversión en la modernización y operación del sistema de alumbrado público importa 400 millones de pesos.
Las partes se acusan mutuamente de no cumplir el contrato, a pesar de que el plazo para que el sistema nuevo ya estuviera funcionando.
De las más de 22 lámparas comprometidas, hay instaladas poco más de 6 mil y se ignora cuándo será completada la cifra contratada.
Por lo pronto, el Ayuntamiento de Tonalá paga a la CFE alrededor de 7 millones de pesos por el consumo, de lo contrario se suspendería el servicio, como ha sucedido varias veces desde 2015.
Un detalle: como el contrato establece que Mexiled debe recibir el diez por ciento de las participaciones federales para cubrir las condiciones del contrato, la tesorería municipal deja de recibir dos y medio millones de pesos mensuales que van directamente a la concesionaria.
El Ayuntamiento de Tonalá ha recibido el apoyo del gobernador Enrique Alfaro en su decisión de rescindir el contrato con Mexiled y asignarlo a otra empresa.
Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno del estado hablan de hacerse cargo directamente del servicio, a pesar de la obligación que tiene la autoridad por mandato constitucional, sino que, todo hace ver que se pretende dar la concesión a otra empresa.
Se viene un pleito judicial cuyas consecuencias son imprevisibles, salvo que la población siga sufriendo el mal servicio de alumbrado público.
